Historia Obrera y Socialista

Declaración del Partido Socialista (9/9/1930)

Publicada en La Vanguardia n° 8378, 9 de septiembre de 1930, p. 1.

No es la solución

El gobierno surgido del golpe de estado del 6 de setiembre ha creado una situación excepcional en la historia política de la república dando a la crisis una solución al margen de la ley fundamental cuyo acatamiento y respeto se predica al pueblo.

No obstante el carácter militar del movimiento, si las cosas se hubiesen limitado a derrocar al gobierno y poner en su lugar a los sucesores constitucionales, se habrían satisfecho los anhelos democráticos del país que reclamaba la terminación de un estado político imposible pero dentro de las soluciones previstas en la carta fundamental.

En la breve historia de nuestras instituciones libres es la primera vez que un gobierno cae por la fuerza, ya que ni siquiera pueden parangonarse las situaciones de 1880 y 1890 con la solución impuesta hoy por el ejército y la marina.

La disolución del Congreso, por decreto que firma únicamente el general Uriburu, es también un hecho excepcional, sin antecedentes entre nosotros y que en nada podría compararse a la facultad constitucional de disolver el parlamento que existe en muchos países del mundo, para circunstancias dadas y por períodos de tiempo previamente fijados. Bien distinta por cierto es la disolución del congreso llevada a cabo recientemente en Alemania y la que nosotros acabamos de presenciar.

El ejército ha dado una solución anticonstitucional y antidemocrática a un estado de crisis que no podía perdurar; y nosotros nos hacemos una obligación en decirlo traduciendo, sin duda, el sentimiento público de los argentinos que rechazan por igual la prepotencia y la dictadura.

Muchos factores han intervenido en la extemporánea solución, pero debemos reconocer que especialmente se ha hecho sentir la falta de instituciones reguladoras y de procedimientos previsores destinados a encauzar los conflictos institucionales hacia soluciones rápidas y pacíficas.

El exceso de facultades del Presidente de la Nación, jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra; el concepto restringido de la institución ministerial y para peor subalternizada en la práctica; la falta de responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo ante el Congreso; las escasas y problemáticas limitaciones eficaces contra la desorbitación del presidente sólo acusable por la Cámara de Diputados ante el Senado, previa declaración de haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes; la forma de elección del presidente que no lo compromete ante un órgano de existencia real y permanente como el Congreso; la ausencia de legislación que permita la consulta al pueblo, son sin duda, factores que se han hecho presentes e nuestro espíritu en los últimos tiempos, indicándonos cuál es el sentido progresivo que urgentemente deberán seguir nuestras instituciones políticas, a fin de organizar la imposibilidad de golpes de estado y pronunciamientos militares creadores de regímenes de excepción que no concuerdan con la dirección general de nuestra historia y de la civilidad nacional.

Hay que reorganizar el mecanismo institucional para que, en los períodos de normalidad como en los momentos de crisis, aun a pesar de las autoridades del gobierno sea, como lo quieren los viejos preceptos, gobierno de la ley, no de los hombres; que éstos sólo apliquen su voluntad encauzada por leyes impersonales y permanentes.

Pero asimismo dentro de los recursos ofrecidos por la constitución actual, el movimiento militar tenía la forma de resolver regularmente el conflicto y restablecer el imperio de la ley fundamental, luego de la breve solución de continuidad que el propio movimiento importa. Existía un presidente del Senado y un presidente de la Corte Suprema de la Nación en condiciones de hacerse cargo de la presidencia y convocar de inmediato a elecciones generales.

El gobierno de hecho proclama su voluntad de restablecer la normalidad legal. Son importantes, sin duda, las declaraciones que en este sentido se formulan, pero exigen, como complemento tranquilizador, la expresión del propósito firme de concluir en término perentorio con esta vacancia concedida a la legalidad.

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